Pago a plazos justos, un debate justo y necesario

El Proyecto de Ley de Pago a Plazos Justos, que busca poner un límite máximo de días para el pago de las facturas de empresas a sus proveedores, se ha posicionado como uno de los debates más amplios y polémicos del país en los últimos meses. Se han levantado voces apoyando y atacando la iniciativa, y aunque era previsible que grandes gremios como la ANDI o Fenalco salieran a atacar el proyecto, lo que no era previsible es que ese ataque se fundamentara en información parcializada, con el único propósito de confundir a los ciudadanos y a los congresistas. Sin embargo, este debate ha dejado grandes conclusiones que vale la pena rescatar, y que me permito explicar:

Difícil situación de las Mipymes es innegable

Hay un dato escandaloso que resume la situación de las mipymes en Colombia: Según Confecamaras (2017), en el país 7 de cada 10 mipymes quiebran durante los primeros 5 años de existencia. Y una de las principales causas es la falta de liquidez y capital de trabajo, siendo los pagos a plazos extensos una de las razones más frecuentes para esta situación.

Sin embargo, al iniciar el debate del Proyecto de Ley era frecuente oír opiniones que negaban esta realidad; así como negaban que los pagos a plazos extensos hoy en día es un fenómeno generalizado en nuestra economía. Afortunadamente, las constantes denuncias de las mipymes y de múltiples gremios, permitieron superar esa negación, y hoy en dÍa es una realidad demostrada ampliamente sobre que el fenómeno  de plazos injustos efectivamente es una realidad y es un problema generalizado, razón por la cual se hace urgente regular la materia.

Es posible regular el mercado y la economía cuando hay un interés general en riesgo: 

Uno de los primeros argumentos usados para desvirtuar el Proyecto fue decir que era inconstitucional por contradecir el artículo 333 de la Constitución que reconoce la libre empresa y la iniciativa privada. Sin embargo, los contradictores olvidaban citar el artículo completo que establece “la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social…”.

Adicionalmente hay múltiples sentencias de la Corte Constitucional que reconocen efectivamente la facultad legal para intervenir la economía cuando se hace para defender un interés superior. Para el caso de Pago a Plazos Justos, no solo la afectación a las mipymes fundamenta la necesidad de la ley, sino el impacto directo de estas practicas en el PIB de la Nación, tal como la OCDE lo ha manifestado contundentemente. Y adicionalmente, es preciso reconocer que estas practicas que se han vuelto abusivas, pueden generar fallas en el mercado y vulnerar la libre competencia.

La nueva estrategia en contra: Modificar el Proyecto para hacerlo inoperante

Ante la gran aceptación en medios de comunicación y la opinión publica en general, los detractores del Proyecto han cambiado su estrategia. Ya no piden hundir el Proyecto, sino que quieren modificarlo. Nuestra forma de hacer política siempre se ha basado en concertación y dialogo, pero desafortunadamente los detractores quieren introducir dos cambios al Proyecto con el único propósito de anular la efectividad de la Ley y volverla letra muerta.

El primer cambio

Inspirado en la ley chilena de pronto pago, es permitir que las partes contratantes, de forma “voluntaria y de mutuo acuerdo” adopten un plazo de pago superior al definido en la ley, y reporten ese acuerdo a un Registro público. Esta propuesta simplemente reproduce la situación actual, donde una parte dominante impone sus condiciones contractuales, y las mipymes deben aceptarlas so pena de aislarse del mercado y no poder ser contratados. Para estos “acuerdos privados” la dinámica de posición dominante se replica de forma idéntica, tal como ha pasado en Chile, donde ya está en preparación un proyecto de ley para reformar la ley de Pronto Pago para eliminar este artículo.

Te puede interesar: ¿Cuál es el reto más grande para las pymes en Colombia?

El segundo cambio

Hecho a la medida de las grandes empresas, busca limitar los efectos de la Ley para las pequeñas y micro empresas, excluyendo a las medianas empresas. No existe ningún fundamento teórico económico o académico para hacer esta exclusión, y por el contrario, se estaría actuando en contra de las recomendaciones de la OCDE y de la Unión Europea que recomiendan expresamente no limitar este tipo de normas a las pequeñas y micro empresas, pues se termina generando un efecto perverso: si existiera esta diferenciación, las grandes empresas van a preferir contratar a las medianas, con quienes pueden pactar plazos más extensos, y dejarían de contratar a pequeñas y micro empresas pues estaría obligada a pagarles en plazos justos. Por eso es tan importante que la ley sea aplicable a todo tipo de empresa, para no generar discriminaciones de este tipo.

Adicionalmente, las más afectadas serían las empresas medianas, ya que recibirían sus ingresos en plazos extensos, pero estarán obligadas a pagar a sus proveedores (pequeños y micro) en plazos justos que defina la ley, es decir, el peor escenario de todos lo tendrían las medianas empresas.

Te puede ayudar: Guía de inversión para emprendedores.

Pensando en los emprendedores

A algunas personas les incomoda el nombre del Proyecto por la palabra “justo”, pero profundamente creemos que esta iniciativa se trata de un acto mínimo de justicia con los emprendedores y mipymes, que día a día deben sortear una cantidad absurda de barreras y dificultades, y aun así, con la berraquera de los colombianos, siguen luchando para convertir sus sueños en proyectos y empresas sostenibles y que aporten a la economía del país. La ley de Pago a Plazos Justos es una ayuda más que “justa y necesaria”. Esperemos que el Senado pueda unirse a este propósito, y apruebe en los dos debates restantes para que la Ley sea una realidad.

Mauricio Toro
Presidente de la Comisión por el Emprendimiento del Congreso